31 octubre 2011

Un ex guerrillero se convierte en alcalde de Bogotá

Por primera vez en la Historia, el segundo cargo más importante de Colombia puede quedar en manos de un ex guerrillero. Gustavo Petro, que perteneció al M-19 -organización terrorista ya desmovilizada-, y ex candidato presidencial por el socialdemócrata Polo Democrático, regirá los destinos de Bogotá desde el 1 de enero al imponerse con más del 30% de los sufragios en las elecciones de ayer.

«Se trata de una gran revolución política en Colombia», señalaba anoche a la analista María Jimena Duzán. «Después de 25 años construyendo la paz, la sociedad que fraguó ese consenso ha impuesto a un antiguo guerrillero en la alcaldía de Bogotá».

El ganador de los comicios no concurrió como líder de su partido histórico, al que abandonó tras los escándalos de corrupción que salpicaron al alcalde, Samuel Moreno, miembro del Polo y hoy en prisión preventiva. Lo hizo al frente de un grupo independiente recién creado.

Otros antiguos guerrilleros, como Antonio Navarro, han obtenido triunfos electorales en comicios anteriores, pero en regiones de menor importancia. Distinos medios resaltaban ayer en Colombia que la elección de Petro supone un golpe a las FARC, porque demuestra que se puede alcanzar el poder por medios pacíficos. Precisamente el pasado de Petro ha centrado parte del debate electoral. El ex presidente Álvaro Uribe, que apoyó al ex alcalde Enrique Peñalosa -que partía como claro favorito- no dejó de recordar ese episodio de su vida aunque el ex guerrillero se defiende alegando que jamás empuñó un fusil.

A favor del alcalde electo ha jugado que en Bogotá prima el llamado voto de opinión y está algo más inclinado a la izquierda, mientras en buena parte del resto es el dinero el que más mueve conciencias. Se recorrió distintos departamentos y pudo constatar que en muchos de ellos los corruptos serán quienes gobernarán un sinnúmero de alcaldías y varias gobernaciones gracias a la compra masiva de votos y de líderes locales que venden su caudal electoral a cambio de un abultado fajo de billetes.

«Cada día es más difícil hacer campaña de manera honesta», le dijo a este diario Juanita Ramírez, candidata a la Asamblea del Cesar, al norte de Colombia, y una mujer honesta, con muchos años en la arena política. «Todo lo mueven con plata».

En similares términos se expresaba la congresista del Huila, Consuelo González, en el sureste del país. Estuvo cerca de siete años secuestrada a manos de las FARC y en ese tiempo pensó «que las cosas habían cambiado», que el juego era más limpio. «Pero están peor», sentenció.

«Son unas elecciones completamente corruptas. Lo que hemos visto es que ni Bacrim (bandas criminales de nuevo cuño) ni guerrilla realmente van a afectar el proceso electoral, aquí lo que nos estamos encontrando es que en lo local no hay partidos políticos, son una ficción, es en realidad una disputa del poder utilizando la compra de votos y el fraude», señala a este diario Alejandra Barrios, directora del MOE (Misión de Observación Electoral).

Son varios los métodos utilizados, entre ellos la trashumancia -candidatos que inscriben a votantes en distritos electorales distintos a los que le corresponden, con el fin de que voten por ellos-, que afectó a medio millón de personas; la compra directa al votante por unos 80 euros si se comprometen con el paquete completo (alcaldía, concejo, asamblea y gobernación); o los tarjetones ya marcados.

También la Fundación Nuevo Arco Iris es escéptica en cuanto a la limpieza del proceso electoral, ya que contabilizó, entre otras irregularidades, más de 100 candidatos con vínculos con los grupos armados ilegales y con los parapolíticos (políticos condenados por sus nexos con los paramilitares).

En cuanto a la violencia, fueron 41 los aspirantes a alcaldías y concejos asesinados, y otros 88 recibieron amenazas de muerte, además de seis secuestros, cifras que superaron lo ocurrido en los anteriores comicios de 2007.

Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros países, los resultados no tendrán consecuencias políticas para el presidente Juan Manuel Santos, ya que en Colombia el Gobierno no puede apoyar candidatos. Tampoco afectarán a su gobernabilidad puesto que los cuatro partidos integrantes de la Unidad Nacional que le respalda han hecho toda suerte de alianzas, incluso con independientes y otros movimientos políticos. En suma, unas elecciones marcadas por la violencia y por la corrupción, con un Estado incapaz de combatirlas con eficacia.

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