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Derecho Constitucional Universidad Complutense, de Madrid Creo que el proyecto de ley no será aprobado con la redacción que tiene ahora, sino que se introducirán modificaciones durante el debate en el Parlamento. No puede aprobarse sin modificar el artículo que permite la entrada en un domicilio sin mandamiento- judicial, porque el Tribunal Constitucional ha establecido una jurisprudencia clara sobre hasta dónde llega la inviolabilidad del domicilio, y eso hay que tenerlo en cuenta, salvo que se quiera correr el riesgo de aprobar una norma inconstitucional.

En el texto se debilitan las garantías jurídicas, sobre todo por una disposición final que derogará un precepto de la ley 62/78, que entró en vigor el 26 de diciembre de 1978, tres días antes que la Constitución. Esa ley estableció que no era necesario pagar una sanción administrativa antes de recurrir contra ella; ahora, en cambio, el proyecto deja eso sin efecto, con lo cual volvemos a la ley de Orden Público de la época franquista.

Esto me parece especialmente grave, porque las multas establecen una discriminación: no es lo mismo multar a una persona con abundantes medios económicos que a alguien con una economía reducida. Si ya se consideró entonces, antes la Constitución, que había que suprimir la obligatoriedad del previo pago de la multa para recurrir, creo que después de entrar en vigor la Constitución, que consagra la igualdad entre todos los españoles, hay más motivos aún para no volver a ese sistema. Por tanto, si se mantiene en el proyecto la necesidad del previo pago para poder recurrir una sanción, se están debilitando las garantías que la Constitución concede y se infringe el principio de igualdad.

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