Hacienda anda buscando a Urdangarín y a Torres

Tanto los inspectores de Hacienda que escudriñan el caso Nóos como el fiscal consideran que, con la ley en la mano, hay que obligar a Urdangarin y Torres a tributar por los beneficios que les proporcionó la trama Nóos. Cuantifican en unos 5,4 millones el importe a satisfacer en concepto de IRPF. 

La Fiscalía ha pedido a la Agencia Tributaria un informe sobre las actividades de Iñaki Urdangarin para evaluar tanto el quebranto ocasionado por el Instituto Nóos a las arcas públicas como para calibrar las consecuencias fiscales de las mismas. 

Llegados a este punto, los inspectores de la Agencia Tributaria han planteado a los miembros de la comisión que investiga la operación Babel la necesidad de adoptar una medida que agravaría todavía más la situación procesal de los implicados.

Tal y como aseguran a fuentes próximas a la investigación, se ha abordado durante las últimas semanas en diversas reuniones y conversaciones privadas la necesidad de considerar al Instituto «sin ánimo de lucro» Nóos como una entidad con ánimo de lucro a efectos fiscales. 

Una vez que se ha determinado que el duque de Palma se benefició de Nóos para pagar menos impuestos pero, al mismo tiempo, se desviaron masivamente fondos de esta entidad, los inspectores que han colaborado en las pesquisas que dirige el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma han calificado de «legalmente insoslayable» exigir que el instituto tribute como cualquier otra empresa. 

Estiman que Nóos fue empleada como una «tapadera» para evadir impuestos y que no queda otra alternativa que regularizar el fraude cometido con el pago de los correspondientes intereses. 

Y en el caso de darse definitivamente este paso, la ley señala que deben incorporarse los beneficios obtenidos a las rentas personales (IRPF) de cada uno de los responsables de Nóos. De esta manera, en relación a unos ingresos de 17 millones de euros -cifra que recaudó en apenas tres años entre administraciones públicas y empresas privadas-, los investigadores estiman que se obtuvo un beneficio neto que no descendió en ningún caso de los 12 millones. Por lo que se exigiría una cifra global que rondaría los 5,4 millones. 

Los inspectores han revelado ya a la Fiscalía la necesidad de calcular los gastos en los que incurrió la entidad del marido de la Infanta Cristina para llevar a cabo sus actividades y averiguar el margen de beneficio restante para aplicar sobre el mismo los impuestos correspondientes. 

A falta de establecer los cálculos definitivos, los inspectores estiman que existen «altísimas posibilidades» de que el resultado depare la comisión de delitos fiscales. 

A la hora de establecer la responsabilidad penal, los criterios estarían vinculados a la participación pecuniaria de cada uno de los miembros de Nóos y a su rol en la asociación, por lo que, además de Diego Torres y de Iñaki Urdangarin, se podría ver afectada la Infanta Cristina. «En este caso, ya no es relevante si tenía conocimiento o no de los hechos. El mero hecho de pertenecer a la directiva de Nóos podría convertirla en responsable», es el argumento que se ha empleado en las conversaciones mantenidas entre el Ministerio Público y el fisco. Tras escucharlo, la Fiscalía se ha mostrado favorable a que Hacienda «levante el velo» sobre Nóos mientras que los responsables de Hacienda pretenden evitarlo. 

«El problema», han precisado los inspectores en las citadas conversaciones con los investigadores, «es que esquivar este asunto pasaría por considerar al Instituto Nóos como una entidad sin ánimo de lucro y a ver quién se atreve ahora a dejar eso por escrito. Tenemos presiones, muchas presiones».