Aval del Estado por 150.000 millones
El Boletín Oficial del Estado del pasado sábado estuvo muy cargado. Incluyó los recortes aprobados por el consejo de ministros del viernes y la potente subida del IRPF. También se encontraron sorpresas, como la supresión de la aportación a los planes de pensiones de los funcionarios, un elemento que la portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, no mencionó en la rueda de prensa posterior al Consejo.
Pero además de todo ello, sumergido en las 75 páginas del documento, había un detalle más: «100.000 millones de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional».
En realidad esta cantidad no es nueva. Se trata de la renovación de los avales concedidos en octubre de 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como medida extraordinaria contra la crisis. De hecho, el texto es en partes casi idéntico al del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, hasta el punto de hablar del «Ministerio de Economía y Hacienda» (sic).
Los 100.000 millones generaron un gran revuelo entonces. El Ejecutivo, con Solbes fuera de España de viaje, aprobó la medida para garantizar la deuda nueva con que las entidades financieras pudiesen contar hasta el 31 de diciembre de 2009. Todo en línea con lo pactado en París por los miembros del Eurogrupo, si bien incluía, además, una cláusula «preventiva» mediante la cual el Gobierno autorizaba a Economía a adquirir títulos de entidades para apuntalar sus recursos propios. Eso sí, en aquella época la prima de riesgo era sólo de 60 puntos básicos.
El PP, en medio del debate sobre la reestructuración del sistema financiero, ha optado por renovarlos ante su vencimiento para no dejar a las entidades españolas sin colateral de cara al Banco Central Europeo, algo que en el Gobierno consideran que habría sido una «enorme irresponsabilidad».
El BOE incluía el sábado la modificación del artículo 49 de la Ley 39/2010, de diciembre de 2010, por la cual se establece que «el importe máximo de los avales a otorgar por el Estado durante el ejercicio del año 2012 no podrá exceder los 196.043.560.000 euros». El aumento respecto a los 59.900 millones del ejercicio anterior es significativo, si bien se explica en buena parte por los ajustes aplicados por Elena Salgado en agosto para incluir la aportación de España a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (más de 92.000 millones de euros).
Pero el grueso de los avales aprobados (que incluyen también 3.000 millones para «garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos») se destinan a respaldar «el principal de la emisión y los intereses ordinarios» a las entidades. El documento recuerda que «de producirse la ejecución del aval», si ocurre dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de las obligación garantizada, «el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval».
En 2008, cuando Zapatero dio luz verde al plan, el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló que iba «a apoyar esas medidas» (los avales y 50.000 millones anunciados poco antes para títulos de la banca), pero recalcó: «Quiero transparencia, quiero control parlamentario y que la decisión no tenga como único objetivo arreglar los balances de los bancos, sino ayudar a las pequeñas y medianas empresas». Y añadió «25 billones de pesetas requieren luz y taquígrafos».
Pero además de todo ello, sumergido en las 75 páginas del documento, había un detalle más: «100.000 millones de euros para el otorgamiento de avales a las obligaciones económicas derivadas de las emisiones de bonos y obligaciones nuevas que realicen las entidades de crédito residentes en España con una actividad significativa en el mercado de crédito nacional».
En realidad esta cantidad no es nueva. Se trata de la renovación de los avales concedidos en octubre de 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como medida extraordinaria contra la crisis. De hecho, el texto es en partes casi idéntico al del Real Decreto-ley 7/2008, de 13 de octubre, hasta el punto de hablar del «Ministerio de Economía y Hacienda» (sic).
Los 100.000 millones generaron un gran revuelo entonces. El Ejecutivo, con Solbes fuera de España de viaje, aprobó la medida para garantizar la deuda nueva con que las entidades financieras pudiesen contar hasta el 31 de diciembre de 2009. Todo en línea con lo pactado en París por los miembros del Eurogrupo, si bien incluía, además, una cláusula «preventiva» mediante la cual el Gobierno autorizaba a Economía a adquirir títulos de entidades para apuntalar sus recursos propios. Eso sí, en aquella época la prima de riesgo era sólo de 60 puntos básicos.El PP, en medio del debate sobre la reestructuración del sistema financiero, ha optado por renovarlos ante su vencimiento para no dejar a las entidades españolas sin colateral de cara al Banco Central Europeo, algo que en el Gobierno consideran que habría sido una «enorme irresponsabilidad».
El BOE incluía el sábado la modificación del artículo 49 de la Ley 39/2010, de diciembre de 2010, por la cual se establece que «el importe máximo de los avales a otorgar por el Estado durante el ejercicio del año 2012 no podrá exceder los 196.043.560.000 euros». El aumento respecto a los 59.900 millones del ejercicio anterior es significativo, si bien se explica en buena parte por los ajustes aplicados por Elena Salgado en agosto para incluir la aportación de España a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera (más de 92.000 millones de euros).
Pero el grueso de los avales aprobados (que incluyen también 3.000 millones para «garantizar valores de renta fija emitidos por fondos de titulización de activos») se destinan a respaldar «el principal de la emisión y los intereses ordinarios» a las entidades. El documento recuerda que «de producirse la ejecución del aval», si ocurre dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de vencimiento de las obligación garantizada, «el Estado satisfará una compensación a los titulares legítimos de los valores garantizados, sin perjuicio de las cantidades que deba abonar en virtud del aval».
En 2008, cuando Zapatero dio luz verde al plan, el entonces líder de la oposición y hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señaló que iba «a apoyar esas medidas» (los avales y 50.000 millones anunciados poco antes para títulos de la banca), pero recalcó: «Quiero transparencia, quiero control parlamentario y que la decisión no tenga como único objetivo arreglar los balances de los bancos, sino ayudar a las pequeñas y medianas empresas». Y añadió «25 billones de pesetas requieren luz y taquígrafos».
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