La SOPA ya no preocupa tanto

Los congresistas, pegados a Twitter, han reaccionado ante la presión on line. Unas horas después de la primera huelga en internet y de unas pocas protestas en vivo, el líder de la mayoría demócrata en el Senado anunció la suspensión de la votación de PIPA -las siglas con las que se conoce la versión de la ley en esta cámara- prevista para el martes. «A la luz de los últimos acontecimientos, he decidido posponer la votación», dijo Harry Reid a sus más de 45.000 seguidores en Twitter.

Aun así, el senador de Nevada asegura que «las preocupaciones legítimas» sobre la legislación pueden resolverse sin olvidar que «las falsificaciones y la piratería cuestan miles de trabajos al año». «Los estadounidenses esperan con razón ser retribuidos por su trabajo. Soy optimista en que podremos lograr un compromiso en las próximas semanas», dijo Reid, que ha reculado por la presión internauta y el riesgo de perder millones en contribuciones políticas de Google, el principal donante del partido demócrata.

En las 24 horas del 18 al 19 de enero, las de la huelga en internet, se produjo uno de los cambios más rápidos y sustanciales vistos en el Senado y la Cámara de Representantes sobre una legislación. El miércoles todavía defendían la ley 80 congresistas frente a 31 que iban a votar en contra de alguna de las dos versiones (llamadas SOPA o PIPA, según la cámara). El jueves, declaraban su oposición 101 congresistas y su apoyo, 65, según ProPublica, una ONG dedicada a la transparencia política.

El cambio se nota en los dos partidos. El patrocinador de la ley en la Cámara de Representantes, el republicano de Texas Lamar Smith, ha confirmado que retira oficialmente la legislación «hasta que haya un acuerdo más amplio para una solución». «Tenemos que reconsiderar cómo se puede enfocar mejor el problema de los ladrones extranjeros que roban y venden inventos y productos de Estados Unidos», dijo el viernes.

Las versiones revisadas de la ley se centrarán en la lucha contra webs españolas, suecas y asiáticas. Tienen más posibilidades de prosperar si no afectan a Google o a Wikipedia y sólo piden la colaboración, no forzada, de servidores, anunciantes e intermediarios financieros en Estados Unidos para poder parar a los sitios extranjeros.

El FBI ha podido bloquear Megaupload, con sede en Hong Kong, y arrestar a sus creadores en Nueva Zelanda porque la web tiene servidores en Estados Unidos, lo que facilita una orden judicial de un tribunal nacional. Pero ahora tendría más dificultades para actuar contra webs con servidores exclusivamente en España o en Suecia.

Los legisladores también intentarán subrayar la lucha contra las falsificaciones de bolsos o medicamentos, objetivos menos controvertidos para su público en un año electoral.

Los cuatro candidatos republicanos que compiten para enfrentarse a Barack Obama han declarado su oposición a la legislación. Sólo Rick Santorum, el que tiene menos posibilidades de ser el elegido, defiende algún tipo de norma nueva para evitar las descargas ilegales organizadas desde fuera de Estados Unidos. Los demás, Mitt Romney, Newt Gingrich y Ron Paul, aseguran que basta con las leyes existentes.

La Casa Blanca también ha advertido que no dará su apoyo a ninguna ley que limite la libertad de expresión en internet. Es una declaración lo suficientemente genérica como para no saber qué hará el presidente al final con una legislación que, en cualquier caso, se ha quedado huérfana en pocas horas.

El argumento del empleo es el único que puede hacer más popular la batalla antipiratería en un año en que el paro está a niveles desconocidos en décadas. Por ello, el tejano Smith intenta hacer resucitar la legislación que propuso insistiendo en ese argumento: «El robo de la propiedad intelectual estadounidense cuesta a la economía nacional más de 100.000 millones de dólares (unos 77.000 euros) al año y provoca la pérdida de miles de trabajos. El Congreso no puede quedarse parado y no hacer nada mientras los innovadores y creadores de empleos son atacados».