La prensa y la vida privada de los famosos

Santaella recuerda la doctrina del Tribunal Constitucional: cuando el derecho al honor y el de la información chocan, en iguales condiciones debe prevalecer el último de ellos, estudiando siempre el caso concreto. Pero exige, para eso, tres condiciones: que los hechos contados sean ciertos, que la información tenga auténtico interés social y no sólo la morbosidad de afectar a un personaje público y que el periodista cumpla con el deber deontológico de contrastar sus datos con el personaje. 

En el caso del supuesto- romance entre Botín y Carmen Maura, desmentido por la propia actriz al declarar al semanario Tribuna que no conoce al banquero, Santaella explica que son hechos falsos, que afectan al honor de su cliente y que se publicaron sin contrastarlos con Botín. «Por eso pedimos una condena ejemplar. En el derecho anglosajón es normal hablar de estas cantidades, cuando se trata de libelos como éste y cuando afectan a personas de esta relevancia.».

Considera positiva la ley 1182, sobre el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, promulgada cuando él era secretario general técnico del Ministerio de Justicia. La abogada Cristina Peña, en cambio, critica con dureza esa ley y defiende a capa y espada que los periodistas investiguen e informen, con la sola condición de que contrasten sus datos. Esta letrada, especialista en defender a periodistas demandados, antes en el Grupo Z y ahora en Tribuna, ha ganado muchos pleitos a «famosos» que llevaron a la prensa ante los tribunales. Gunilla von Bismarck, Merry Martínez Bordiu, el fallecido Alfonso de Borbón y otros personajes de la «jet» perdieron sus demandas, en algún caso pendiente aún el recurso, ante una Cristina Peña implacable en sus informes contra quienes «venden su propia intimidad y luego presentan demandas porque se publican noticias sobre su vida». 

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José María Cuevas, y el juez de la Audiencia Nacional Ricardo Varón Cobos, del llamado «caso Bardellino», también perdieron sus demandas ante ella. Se irrita Cristina al recordar que hay personajes de la «jet» que invocan esa ley «cuando muchas veces son ellos mismos los que han vendido su vida en fascículos o en entrevistas. Esto es comerciar con el honor». «Comienzan ahora a aflorar situaciones de banqueros y gentes financieras», dice, «porque son personajes conocidos. Pero no asumen que al ser gentes públicas la prensa tiene que informar de ellos. Por eso considero absurdo pedir 500 millones, porque hay valores morales que no se pueden cuantificar económicamente. ¿Es que si hay una indemnización por medio la gente ya no tiene honor y se conforma? La reparación del daño debe ir por otros derroteros, por rectificar lo que sea falso».

Julián Lago, director de Tribuna, tampoco se libra de estas demandas. La más sonada, de entre las últimas, es la que le llevó el lunes pasado a declarar ante un juez, a él y a otros periodistas, interpuesta por Alberto Cortina, Alberto Alcocer, José Luis Alcocer y Miguel Boyer. «No se mancilla la imagen», dice, «cuando los periodistas no hacemos más que colocar ante los personajes públicos el espejo de su propia realidad». Cree que el poder financiero pone cerco a la prensa, como si los grandes financieros hubieran descubierto en la prensa un blindaje a sus intereses, o un instrumento para sus negocios.